La Cámara de Representantes ha regresado brevemente a Washington antes de que sus legisladores partan a hacer campaña para las elecciones de mitad de período, y el Senado retomará sus labores legislativas el 14 de septiembre. Al día siguiente, el Senado tiene programada una votación procesal crítica sobre H.R. 3633, la Digital Asset Market Clarity Act (la Ley CLARITY). Esa votación no se aplica a la legislación en sí, pero determinará si el Senado puede avanzar en la consideración del proyecto.
Para el ecosistema Zcash, la Ley CLARITY ayudaría a responder varias preguntas que afectan directamente al estatus y uso de los activos digitales que preservan la privacidad en Estados Unidos. Preguntas como:
- ¿Los reguladores consideran un token como ZEC un commodity digital en lugar de un valor?
- ¿Pueden los desarrolladores publicar software no custodial sin ser tratados como intermediarios financieros?
- ¿Quién debería ser responsable de las obligaciones de antilavado de dinero e identificación del cliente cuando una aplicación descentralizada es no custodial?
- ¿Pueden los legisladores regular los negocios custodiales sin imponer la recolección de identidades en la capa del protocolo?
- ¿Los estadounidenses seguirán siendo libres de custodiar y realizar transacciones con activos digitales usando monederos autoalojados?
La respuesta del Senado a estas preguntas dará forma al futuro del desarrollo y la adopción de Zcash en Estados Unidos.
Clasificación más clara de los tokens
Los formuladores de políticas han buscado establecer un panorama regulatorio cohesionado, pero estos esfuerzos han fracasado, y la incertidumbre resultante ha dificultado que desarrolladores, exchanges, custodios, inversionistas y usuarios comunes determinen qué normas se aplican a un activo o actividad en particular.
La Ley CLARITY reemplazaría esa incertidumbre con un marco estatutario que distingue entre commodities digitales, valores y ciertos «activos auxiliares» (es decir, tokens de red que pueden haberse vendido en relación con un contrato de inversión, pero que no son necesariamente valores por sí mismos).
Esta distinción es importante, ya que una transacción que involucra un token puede estar sujeta a las leyes federales de valores, pero esto no transforma permanentemente al token en sí en un valor. Bajo la Ley CLARITY, ciertos tokens de red serían tratados como commodities mientras que sus emisores seguirían sujetos a requisitos de divulgación y otros al levantar capital. La legislación también establecería un rol más amplio para la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC, por sus siglas en inglés), que cuenta con experiencia en la supervisión de mercados complejos, al dirigirla a supervisar los mercados de commodities digitales.
Para el ecosistema, un marco de clasificación proporcionaría mayor certeza legal en torno a ZEC. Aunque el tratamiento final de cualquier activo dependerá del texto estatutario final y de las regulaciones de implementación, la legislación ofrece un camino más coherente para analizar ZEC basándose en las características de la red en lugar de depender de teorías abiertas basadas en la regulación mediante el ejercicio de la acción ejecutiva.
Una mayor certeza también podría facilitar que exchanges regulados, custodios, proveedores de pago y otros negocios evalúen si y cómo pueden dar soporte a ZEC. Por tanto, la Ley CLARITY reemplazaría la incertidumbre sobre qué regulador y marco legal aplican con una mayor previsibilidad.
Protección a los desarrolladores de Zcash
Las protecciones para desarrolladores en la legislación del Senado quizás sean aún más trascendentales para el ecosistema Zcash que la clasificación de tokens.
Las redes descentralizadas dependen de personas y organizaciones que escriben código, mantienen monederos, operan nodos, aportan trabajo computacional, retransmiten transacciones, desarrollan bibliotecas criptográficas y mejoran la seguridad de la red. Esas actividades son fundamentalmente diferentes de la actividad centralizada, como tomar custodia de los activos de los clientes o ejercer control sobre sus transacciones.
La Ley CLARITY codifica esta distinción.
El Título VI de la Ley CLARITY protegería a los desarrolladores de software y participantes de la red de ser tratados como intermediarios de valores meramente porque compilan transacciones, proveen trabajo computacional a un libro mayor distribuido o realizan actividades relacionadas únicamente con el desarrollo de software. También incorporaría la Blockchain Regulatory Certainty Act (Ley de Certeza Regulatoria para Blockchain), protegiendo a desarrolladores y proveedores de infraestructura de ser clasificados como transmisores de dinero cuando no controlan los fondos de los clientes. La responsabilidad penal existente por transmitir fondos ilícitos a sabiendas permanecería intacta.
Para Zcash, estas disposiciones podrían afectar directamente a:
- Desarrolladores que contribuyen al protocolo Zcash y sus reglas de consenso;
- Equipos que mantienen el software de nodos y la infraestructura de red;
- Desarrolladores de monederos no custodiales y bibliotecas criptográficas;
- Mineros y otros participantes que procesan o retransmiten transacciones;
- Investigadores que trabajan en pruebas de conocimiento cero y tecnología de preservación de la privacidad; y
- Contribuyentes de código abierto que publican código sin tomar posesión de los activos de otra persona.
Ni el software ni su desarrollador se convierten en un intermediario financiero meramente porque las personas pueden usar el software para transferir valor. En otras palabras, un desarrollador que publica software de monedero no custodial no es lo mismo que un exchange que retiene los activos de los clientes, controla cuentas y ejecuta transacciones en su nombre.
Sin esa distinción importante, los desarrolladores enfrentan el riesgo abierto de que escribir o mantener software pudiera desencadenar obligaciones diseñadas para bancos y transmisores de dinero custodiales. Ese enfoque alejaría el desarrollo de código abierto de Estados Unidos mientras hace poco por abordar a los intermediarios que realmente controlan los fondos de los clientes.
Por tanto, la legislación final debe conservar protecciones significativas y neutrales en cuanto a la tecnología, basadas en la custodia y el control en lugar de si el código de un desarrollador admite transacciones transparentes o blindadas.
Las obligaciones de AML y KYC deben recaer sobre el intermediario
La Ley CLARITY no elimina los requisitos de antilavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés). En su lugar, aclara dónde corresponden esas obligaciones.
Bajo la Ley CLARITY, los brokers, dealers y exchanges de commodities digitales registrados serían tratados como instituciones financieras bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act). Esto tiene sentido, ya que a esos negocios se les exigiría mantener programas de AML, identificar a sus clientes, realizar la debida diligencia del cliente apropiada y cumplir con los requisitos de sanciones y reportes.
Además, la legislación generalmente evita imponer esas obligaciones sobre protocolos descentralizados e infraestructura no custodial que ni toman custodia ni ejercen control sobre las transacciones. Sus disposiciones sobre DeFi se centran en si una persona tiene control unilateral o práctico, excluyendo al mismo tiempo la infraestructura central como nodos, validadores, retransmisores, monederos y protocolos del tratamiento automático como intermediarios que controlan.
Este marco conceptual es apropiado para el ecosistema. Por ejemplo, los exchanges que abren cuentas y toman custodia de ZEC en nombre de los clientes deberían ser responsables de cumplir con las leyes aplicables de AML y sanciones porque ejercen control sobre los activos. También caen bajo la definición de «institución financiera» de la Ley de Secreto Bancario. Pero los desarrolladores de monederos no custodiales, operadores de nodos, mineros y contribuidores del protocolo no pueden realizar una identificación convencional del cliente porque esos participantes no tienen clientes en el sentido tradicional y pueden no tener relación alguna con las personas que usan la red.
Intentar imponer requisitos de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés) en la capa del protocolo significaría tratar efectivamente la infraestructura descentralizada como un intermediario. También crearía riesgos graves de ciberseguridad y protección de datos al fomentar la recolección innecesaria de información sensible de identidad y transacciones.
La Ley CLARITY da un paso importante para evitar ese resultado. Permite al Departamento del Tesoro emitir orientación sobre las interacciones de las instituciones financieras con los monederos autoalojados, pero generalmente no permitiría que esa orientación exija a una institución recolectar información de identificación personal sobre un usuario de monedero autoalojado que no es ni su cliente ni su contraparte en la transacción. El proyecto también preservaría el derecho de los individuos a custodiar sus propios activos digitales.
Este enfoque asigna las obligaciones legales a las entidades capaces de cumplirlas, en lugar de colocar a la tecnología de preservación de la privacidad por encima de la ley.
Además, las transacciones blindadas de Zcash pueden proteger a los individuos de exponer sus historiales financieros al público, al tiempo que permiten a los usuarios hacer revelaciones dirigidas cuando sea necesario. Un marco regulatorio sensato debería preservar esa capacidad al tiempo que exige a los intermediarios custodiales que cumplan con sus responsabilidades de conformidad existentes.
La ventana legislativa se estrecha
La votación procesal del 15 de septiembre es solo el inicio del proceso. Si el Senado acuerda proceder, los senadores deben considerar enmiendas y aprobar la legislación. Cualquier cambio del Senado debe ser aceptado luego por la Cámara. Ambas cámaras deben aprobar un texto idéntico antes de que el proyecto pueda enviarse al presidente. Y el calendario del Congreso deja poco margen para demoras.
La Cámara se reúne durante una semana abreviada del 31 de agosto al 3 de septiembre y tiene programado regresar el 14 de septiembre (esto puede cambiar según la agenda y las elecciones de mitad de período). Una vez que el Senado regrese, ambas cámaras tienen programado tener días de sesión superpuestos del 14 de septiembre hasta principios de octubre. Luego, el Congreso abandona Washington durante la mayor parte de octubre mientras los legisladores hacen campaña antes de las elecciones de mitad de período de noviembre.
Otras prioridades también competirán por tiempo en el pleno. La Cámara debe abordar la resolución de continuación enmendada por el Senado necesaria para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre. El Congreso también debe continuar trabajando en temas como la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que la Cámara ha aprobado, pero el Senado no.
Esos paquetes legislativos más grandes podrían proporcionar teóricamente vehículos alternativos para algunas disposiciones sobre activos digitales. Las protecciones puntuales para desarrolladores, por ejemplo, podrían adjuntarse a la NDAA u otro paquete de fin de año si la legislación de estructura de mercado más amplia se estanca. Pero depender de un paquete de aprobación obligatoria conlleva un riesgo significativo. Las disposiciones no relacionadas pueden excluirse durante las negociaciones, y la legislación integral de estructura de mercado puede ser demasiado compleja para agregarse en el último momento.
El mejor camino es que el Senado impulse la Ley CLARITY ahora, preservando las protecciones para desarrolladores y autocustodia que hacen que el marco sea viable para las redes descentralizadas.
Si el Congreso no aprueba la Ley CLARITY antes de fin de año, la legislación expirará y el proceso tendrá que comenzar de nuevo en el próximo Congreso. Los resultados electorales podrían cambiar el liderazgo de los comités, las prioridades legislativas y la sustancia de cualquier proyecto futuro. Incluso si los legisladores retoman la estructura de mercado, no hay garantía de que las actuales protecciones para desarrolladores sobrevivan sin cambios.
El ecosistema Zcash debe actuar ahora
La Ley CLARITY ofrece al ecosistema algo que le ha faltado gravemente durante años: un marco estatutario que reconoce la diferencia entre un activo y las circunstancias en que se vende, entre el software y la intermediación financiera, y entre un custodio regulado y una persona que usa una red descentralizada.
Esas distinciones beneficiarían a desarrolladores, negocios y usuarios de todo el ecosistema Zcash. Permitirían que las obligaciones legítimas de AML y sanciones se apliquen a intermediarios custodiales sin convertir la infraestructura y las aplicaciones que preservan la privacidad en sistemas de recolección de identidades. También proporcionarían una base más sólida para que ZEC sea evaluado y respaldado bajo normas federales claras.
Esto significa que los senadores deben escuchar a quienes construyen, apoyan y usan Zcash.
Antes del 15 de septiembre, los interesados en Zcash deberían contactar a sus senadores y urgirlos a:
- Votar para avanzar y aprobar la Ley CLARITY conservando al mismo tiempo protecciones sólidas para desarrolladores de software no custodial, operadores de nodos, mineros, proveedores de monederos y otros participantes de la infraestructura;
- Proteger la capacidad de los estadounidenses de ejercer la autocustodia y realizar transacciones legales de persona a persona; y
- Aplicar las obligaciones de AML y KYC a los negocios que toman custodia o ejercen control, en lugar de aplicarlas indiscriminadamente a protocolos y software, que son no custodiales y no permiten ejercer control sobre los activos.
La información de contacto de cada senador está disponible a través del directorio oficial del Senado.
Las próximas dos semanas determinarán si Estados Unidos adopta finalmente normas viables para el mercado de activos digitales o permite que otra sesión del Congreso termine sin resolver preguntas que afectan a cada desarrollador, negocio y usuario del ecosistema Zcash. Este es el momento de decirle al Congreso que necesitamos CLARIDAD.
Traducción del original en inglés de Pretty Good Policy for Zcash.
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